jueves, 11 de octubre de 2018 21:55

Corría el año 1981 en El Salvador y recién iniciaba la guerra civil que vivió por 12 años, cuando sucedió un hecho que marcó una profunda herida en ese país.

Se trata de la mayor masacre sufrida en la historia reciente de Latinoamérica. Cerca de mil civiles fueron exterminados en un solo operativo de las fuerzas del Ejército estatal. 37 años después de ese triste episodio, las heridas siguen abiertas.

El Salvador cuenta en su historia con muchas páginas de dolor. Una de esas se escribió en 1981 en El Mozote y lugares aledaños, caseríos del norte del departamento de Morazán a 200 kilómetros de la capital.

Un censo oficial dado a conocer a finales de 2017 da cuenta de que ahí fueron ejecutadas 986 personas, de las cuales 552 eran niños.

El Atlacatl fue un batallón creado en 1980 bajo el auspicio del Ejército estadounidense para liderar la estrategia contrainsurgente durante la guerra civil que vivió el país entre 1980 y 1992 con dos bandos enfrentados: la fuerza armada y la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).

Al exterminio de pobladores de El Mozote y lugares aledaños, ocurrido entre 10 y el 13 de diciembre de 1981, se le llamó “Operación Rescate”.

En 1990 a petición de las víctimas se abrió una causa judicial, pero 3 años más tarde una ley de amnistía hizo imposible juzgar a los responsables. Fue hasta principios de 2017 que el juicio se reactivó como efecto de la inconstitucionalidad de la amnistía.

Más de 40 testigos han declarado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera contra la cúpula militar, considerada la más sanguinaria y perversa de los años del conflicto. Bajo su mando se cometieron otras masacres a civiles, lo que demuestra que se trató de una práctica sistemática.

Sin embargo, este proceso judicial cuanta con trabas institucionales que preocupan a los abogados querellantes.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado salvadoreño por estos hechos y le ordenó la reparación material y moral a los familiares, algo que hasta ahora ha sido parcialmente cumplido. El caso de El Mozote desafía a la justicia de hoy a romper con la perpetua impunidad del pasado.

Las víctimas sobrevivientes seguirán narrando su historia hasta que se haga justicia; muchas han muerto sin haber sanado su dolor, ese dolor que debe interpelar al país contra la desmemoria.

El caso de El Mozote sienta un precedente, abre un paradigma y nos dice que hay otras masacres que se pueden juzgar. Por ello, El Mozote merece un juicio justo y reparador para unas víctimas que llevan 37 años empeñándose en dignificar a sus seres queridos.

Vladimir Chamorro, El Mozote.

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