Cámara al Hombro: Panamá, tráfico de estupefacientes y políticas de despenalización

Hasta el 30 de noviembre de 2018 se habían incautado en Panamá 65,5 toneladas de drogas, según datos oficiales del Ministerio Público.

Casi 20 toneladas menos de las 84,6 que durante 2017 rompieron el récord de sustancias ilícitas confiscadas en el país, ubicado en la cuarta posición mundial con el mayor decomiso de estupefacientes, conforme a un reporte actualizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Drogas, organismo que también estima que estas incautaciones no sobrepasan el 10 % de las sustancias que logran atravesar el istmo.

A pesar de las importantes cifras, estas cantidades representan una minúscula parte del total de las drogas que atraviesan el país, con destino a EE.UU. y Europa, como principales consumidores, y su impacto también se ha visto a nivel local, debido a la incidencia del narcotráfico en el aumento de delitos y crímenes violentos.

Desde algunos sectores de la sociedad han planteado la revisión de estas políticas represivas adoptadas por las autoridades locales en el marco de la “guerra internacional contra las drogas”, una iniciativa promovida por los Estados Unidos y extendida por otros países de la región.

Ejemplos como la regulación del cannabis y su posible uso medicinal han motivado la discusión del tema en Panamá, aunque existen diferentes factores que harían compleja una iniciativa nacional en ese sentido.

Aquellos que sugieren que los esfuerzos de los Gobiernos panameños por minimizar los efectos del narcotráfico no han dado los resultados esperados, proponen al Estado ahondar en el debate sobre políticas de despenalización o legalización, estimulando cambios en la dinámica del combate antinarcóticos y reclamando soluciones novedosas y alternativas a la muerte y la violencia, que hasta ahora han dejado este “frente de guerra”.

John Alonso, Ciudad de Panamá.

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