Cámara al Hombro: Crisis de las pensiones en España

Jubilados y representantes sindicales han protagonizado las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos en España. Desde principios de año se han echado a las calles del país para exigir unas pensiones dignas.

Esas movilizaciones han dado sus frutos, ya que el Gobierno de Rajoy ha reconocido la torpeza de no equiparar las jubilaciones al IPC. De hecho intentará enmendar su error en los Presupuestos Generales de 2018.

En 2013 el Gobierno de España aprobó una norma que ha permitido que este año hayan subido las pensiones tan solo un 0,25 %. Tradicionalmente subían lo mismo que el IPC, de este modo se garantizaba que no se perdiera poder adquisitivo.

Frente a ese 0,25 % el IPC ha subido un 1,6 % y el recibo de la luz y el gas casi un 8 %, lo que lleva a que muchos mayores no puedan hacer frente a los recibos.

Uno de cada tres pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza. Ante la falta de empleo y exclusión social, lo que la sociedad reclama en definitiva es que no hay que perder…

Hartos por esta situación, miles de jubilados de toda España han protagonizado diversas manifestaciones frente al Congreso de los Diputados o el Ministerio de Hacienda en Madrid para exigir una subida digna de sus pensiones.

La Seguridad Social concluyó el 2017 con un déficit de más de 18.000 millones de euros. Es decir, que gastó 18.000 millones más de lo que ingresó. A consecuencia del déficit, España ha vaciado la hucha de las pensiones.

Desde la oposición, el grupo Unidos Podemos ha presentado un escrito en el Congreso de los Diputados para que se debata su propuesta sobre las pensiones y se equiparen las subidas al IPC.

El Ejecutivo español ha anunciado un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2018 y que de nuevo las pensiones vuelvan a estar ligadas al IPC.

La subida pactada entre Rajoy y los nacionalistas vascos tendría carácter retroactivo. El acuerdo apunta que se aplazará hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que estaba prevista para el año que viene. A esto se une el incremento de las pensiones mínimas y de viudedad del 1 % al 3 %.

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