Pamela y su familia lo perdieron todo durante el Huracán Irma. Hoy, un grupo de compatriotas les asisten con donaciones, pues Pamela no puede acceder a los beneficios de asistencia federal para víctimas de desastres naturales, sólo por carecer de estatus migratorio.
Así la historia se repite en cientos, sino miles de ocasiones. Desde la devastación de Katrina en 2005, pasando por Harvey e Irma este año, los inmigrantes, así como la clase trabajadora son víctimas dobles: primero del desastre natural y luego de políticas discriminatorias.
Toda vez que el clima antiinmigrante en el país alcanza furor, incluso los inmigrantes con estatus legal tienen temor de acudir a agencias como FEMA, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, organismo que también se dedica al tema migratorio.
Por una parte, un Gobierno que persigue, aterroriza y demoniza a las comunidades inmigrantes, por otra parte, un Gobierno aparentemente magnánimo y que ofrece una mano amiga de ayuda en casos de desastres naturales. Sin embargo, ante esta relación casi esquizofrénica, sólo queda preguntarse: ¿Quién o quiénes se benefician realmente de los recursos federales disponibles en escenarios post-desastre?
Así, activistas creen que a causa de una burocracia definida por el lucro, los recursos federales, en lugar de ir a quienes más los necesitan, terminan en manos de aseguradoras, bancos, propietarios de condominios, contratistas, entre otros.
Según la agencia de crédito Moody's, Irma y Harvey costarán alrededor 150.000 millones de dólares y parte de este dinero saldrá del bolsillo del contribuyente: en Florida sólo 18 % de propietarios tienen seguros de inundación y en ocasiones los deducibles de miles de dólares obstaculizan posibles beneficios.
Marcelo Sánchez, Miami.
smd/hnb
