La reforma constitucional abrió una nueva página en la historia de Turquía, ya que se entregó casi la totalidad del poder al presidente Recep Tayyip Erdogan. En el nuevo sistema, que se implementará por completo a partir de las elecciones presidenciales de 2019, el jefe de Estado nombrará al Gabinete de ministros y tendrá también un amplio control sobre los nombramientos en la cúpula de la Judicatura. Un 51,4 % de los electores aprobaron este cambio constitucional mediante un referéndum celebrado el 16 de abril.
En 2017, siguieron las amplias purgas contra personas acusadas de estar relacionadas con el fallido golpe de 2016. La persecución judicial se extendió también a políticos, periodistas e intelectuales, por supuestos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, en kurdo), que Ankara califica de terrorista. Al mismo tiempo, varios miembros extranjeros de organizaciones de derechos humanos estuvieron en prisión preventiva durante meses.
Estalla la crisis diplomática entre Turquía y varios países europeos. Alemania y Holanda vetan las visitas de varios ministros turcos que pretendían realizar mítines a favor del "Sí" en el referéndum constitucional. En respuesta, Turquía prohíbe regresar al país al embajador holandés. El presidente Erdogan acusó a los líderes de países como Alemania, Holanda o Austria, de realizar "prácticas nazis".
Las relaciones turcas también se complicaron con el nuevo Gobierno de Estados Unidos. La negativa de Washington a extraditar al clérigo Fetulá Gülen, que Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe de 2016, causó tensiones entre los dos países. Esta tensión se incrementó con la detención de un pastor estadounidense y, más tarde, con la de dos trabajadores turcos de las legaciones diplomáticas estadounidenses.
Washington reaccionó suspendiendo la emisión de visados en Turquía, una decisión ante la que Ankara respondió de forma recíproca, si bien las medidas se levantaron semanas más tarde.
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