A través de un comunicado emitido el martes, el Gobierno de Nicolás Maduro condenó la inauguración de un aeródromo del Comando Sur estadounidense en la región del Esequibo, una zona rica en hidrocarburos en disputa entre Guyana y Venezuela.
“La consolidación de instalaciones militares del Comando Sur de los EE.UU. en Guyana, incluyendo el uso militar del Aeródromo Brigadier Gary Beaton ubicado en la Guayana Esequiba, son inaceptables y representan una nueva provocación por parte de la República Cooperativa de Guyana”, enfatizó en la nota.
Caracas destacó que “la agenda belicista de la Administración estadounidense no tiene cabida en nuestra América, y muchos menos en el territorio de la Guayana Esequiba”.
El país bolivariano subrayó que la inaceptable ampliación de estaciones navales de EE.UU. para uso militar evidencian su esfuerzo por entorpecer la resolución pacífica y negociada al diferendo territorial.
La nota puso de relieve que dichas medidas del país norteamericano atentan contra los legítimos derechos históricos de los venezolanos sobre la Guayana Esequiba.
Al insistir en el compromiso con la paz en Latinoamérica, Venezuela apoyó la resolución pacífica de controversias entre Estados y reiteró su disposición a defender los derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba por medios diplomáticos.
“Ninguna acción unilateral o externa podrá socavar nuestra determinación de preservar la integridad territorial y la dignidad de nuestra nación”, agregó la nota.
Además, Caracas instó a Guyana a cesar inmediatamente las acciones que son contrarias al entendimiento mutuo y al marco jurídico internacional.
Venezuela y Guyana mantienen un diferendo histórico de más de 100 años por ese espacio territorial de 160 mil kilómetros cuadrados y rico en minerales estratégicos y petróleo.
Caracas reclama la soberanía del Esequibo basándose en el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966, en el cual se detallan los pasos a seguir para la resolución de la controversia territorial que sostienen Venezuela y Guyana, que sostiene que el litigio lo debe dirimir la Corte Internacional de Justicia (CIJ) según el laudo emitido en 1899 por el Tribunal Arbitral de París.
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