Los ejecutados fueron detenidos en julio de 2022 por las fuerzas de inteligencia iraníes cuando planeaban llevar a cabo acciones de sabotajes en las industrias de defensa del país mediante la creación de empresas encubiertas y recurriendo a diferentes formas de mercadotecnia.
Los cuatro terroristas, Mohammad Faramarzi, Mohsen Mazloum, Vafa Azarbar y Pejman Fatehi, habían entrado ilegalmente a Irán desde la región del Kurdistán de Irak.
Estaban planeando atentar contra las instalaciones del Ministerio de Defensa en Najaf Abad, localidad situada en la provincia central iraní de Isfahán, el 23 de julio de 2023. No obstante, fueron detenidos por las fuerzas de inteligencia iraníes unos días antes de su operación.
Los cuatro terroristas reclutados por el Mossad recibieron entrenamiento en cuarteles militares de la entidad espía israelí en varios países africanos.
Oficiales del Mossad, incluido su jefe, David Barena, estuvieron presentes en algunas de las sesiones de entrenamiento para motivar a los miembros de la red terrorista.
Veredicto del Tribunal Revolucionario sobre los imputados del caso
Después de completar la investigación preliminar en la fiscalía, recopilar pruebas y documentos, establecer el delito y explicar los cargos a cada uno de los acusados, el caso fue remitido al Tribunal Revolucionario para que emitiera un veredicto.
El Tribunal de la Revolución Islámica les acusó a los cuatro principales implicados en este caso de los siguientes cargos: Cooperación de inteligencia con Israel, formar y gestionar un grupo terrorista con el objetivo de alterar la seguridad del país. Finalmente, emitió su veredicto de acuerdo con el contenido del caso, las confesiones de los imputados y los documentos disponibles.
De acuerdo con la forma de cometer el delito y los efectos nocivos de sus acciones, considerando los amplios antecedentes y profundidad del delito y la conciencia de los imputados sobre los fines y daños a la seguridad del pueblo, citando los artículos legales pertinentes, el tribunal condenó a cada uno de los imputados a las siguientes penas:
- Por cooperar con Israel basándose en el artículo 6 de la Ley para Contrarrestar las Acciones Hostiles de Israel contra la paz y la seguridad, que declara que cualquier cooperación de inteligencia o espionaje en beneficio del régimen sionista será declarada como corrupción en la tierra y recibirá pena capital.
- 10 años de prisión por formar un grupo terrorista
- Por ser miembro del grupo terrorista Komala, recibir 5 años de prisión y la confiscación de los bienes descubiertos a los acusados.
Dado que el veredicto era apelable, los abogados de los acusados interpusieron un recurso de apelación y el caso fue remitido a la Corte Suprema para su reconsideración.
Luego de revisar los expedientes de los acusados, la Corte Suprema rechazó la apelación de los imputados y confirmó el veredicto del Tribunal Revolucionario de aplicar la pena capital a los cuatro acusados.
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