El secretario general de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, Kazem Qaribabadi, denunció el miércoles “la hipocresía, la politización y el doble rasero” de Canadá en la cuestión de los derechos humanos, después de que salieran a la luz informes espeluznantes sobre el descubrimiento de nuevas tumbas cerca de una antigua escuela para niños indígenas.
En reacción a los trágicos informes, que arrojan más luz sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos de la comunidad indígena en Canadá, Qaribabadi, mediante un mensaje publicado en Twitter, llamó la atención sobre el apoyo del Occidente a la guerra del exrégimen iraquí de Sadam Husein contra Irán en la década de 1980, que se cobró la vida de muchos iraníes.
“Bajo el suelo que pisamos, yacen los cuerpos de personas que han sacrificado sus preciosas vidas durante una guerra impuesta, cuyo dinero y armas vinieron del Occidente”, subrayó el alto funcionario iraní y lamentó que “en otros lugares de Canadá, cuando se excava el suelo, ¡se descubren los restos de niños indígenas inocentes!”.
De acuerdo con Qaribabadi, la “mayor amenaza” para los derechos humanos proviene de “la hipocresía, la politización y el doble rasero” de los Estados occidentales.
Las declaraciones del titular iraní se produjeron después de que, el jefe de la Primera Nación de Williams Lake (un pueblo de la Columbia Británica), Willie Sellars, informara el martes del descubrimiento de 93 “reflejos” de “posibles entierros humanos”.
De acuerdo con el líder nativo, se trata de los resultados preliminares de la primera fase de una búsqueda geofísica en el Colegio Residencial de la Misión de San José —en funcionamiento desde 1886 hasta 1981 y dirigida principalmente por misioneros católicos romanos—.
Este nuevo descubrimiento dio lugar a un llamamiento generalizado para que se haga justicia y se exija la rendición de cuentas a las víctimas y supervivientes de las instituciones de asimilación forzosa, así como a la exigencia de que el Gobierno canadiense haga públicos todos los registros relativos a las instalaciones.
Cabe mencionar que más de 3200 personas murieron, según las conclusiones de una comisión nacional de investigación, que, en 2015, tras seis años de pesquisas, definió los sucesos como genocidio cultural.
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