Toda contribución superior a aproximadamente 350 dólares debía bancarizarse y registrarse, con un tope anual de 710 000 dólares por persona. Además, se permitió que hasta el 50 % del financiamiento estatal se destinara a la contratación de abogados para partidos y dirigentes, con la obligación de reembolsar los fondos solo en caso de condena. Mientras se exigió destinar la mitad de estos recursos a formación política, el Congreso dejó abierta la posibilidad de que los partidos prioricen su defensa legal. Actualmente la ley es cuestionada por facilitar el uso discrecional de fondos públicos para beneficiar a políticos investigados.
El Parlamento de Perú aprobó una ley que permitió a los partidos recibir financiamiento privado y usar fondos públicos para gastos legales. Se autorizaron donaciones de hasta 710 000 dólares anuales por persona y se limitó la fiscalización estatal. La norma fue criticada por beneficiar a políticos investigados y reducir la transparencia.
Con un déficit fiscal del 3.6 % del PBI y una economía inestable, el Congreso prioriza leyes que favorecen a políticos investigados, permitiendo el uso de fondos públicos para su defensa legal.
En un escenario donde los partidos buscan mantenerse en el poder, las próximas elecciones se perfilan como un desafío ante una presidencia con baja aceptación y una crisis de legitimidad.
Según la última encuesta de Ipsos, el Congreso peruano alcanza un 88 % de desaprobación, estableciéndose como una de las instituciones con menor respaldo ciudadano en el país.
Aarón Rodríguez, Lima
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