Después de celebrarse el Consejo de Ministros, Dina Boluarte realizó una rueda de prensa en el palacio de Gobierno en la que dejó claro que ella no era una presidenta de transición, como hace unos meses había alegado.
“Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado. Seguiremos trabajando de manera responsable, en respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución. Hasta julio de 2026”, declaró el jueves la mandataria cuando una periodista le preguntó sobre el proyecto de ley que había presentado para elecciones anticipadas.
Con estas declaraciones, Boluarte enfatiza que continuará dirigiendo las riendas del país por los próximos tres años. Sin embargo, desde las filas de la oposición ya se ha anunciado que la tercera toma de Lima, capital, está por venir.
¿Hay pacto tácito entre el Congreso de la República y el interinato de Boluarte?
El Congreso peruano, en concreto la Comisión de Constitución, ha descartado de manera sistemática iniciativas para convocar nuevos sufragios.
En marzo pasado, la Comisión de Constitución no alcanzó los votos necesarios para aprobar la propuesta del Ejecutivo de adelantar de elecciones generales para diciembre de 2023. Fue el segundo intento fallido. Antes ya se había tratado de que los comicios se realizasen en abril del 2024. No obstante, no se llevarán a cabo. Al parecer, hay un pacto tácito entre el Congreso y Boluarte, por lo que no se prevé el cumplimiento de la promesa de comicios anticipados.
Boluarte juramentó como presidenta el 7 de diciembre del 2022, horas después de la destitución del presidente Pedro Castillo. El respaldo de las Fuerzas Armadas y la vacancia aprobada por el Congreso permitió que se diera la sucesión presidencial.
Desde entonces, Perú se ha sumido en una profunda crisis política con manifestaciones en contra del nuevo gobierno, en búsqueda de la disolución del Congreso y la convocatoria urgente de elecciones generales. Aunque el pueblo ha pedido constantemente el regreso de Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva de 32 meses tras ser acusado de dar un golpe en diciembre pasado.
Según fuentes nacionales, Boluarte ha reiterado que las muertes por represión no forman parte de su competencia, mientras responsabiliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que representa una evasión de su titularidad suprema sobre ambos organismos de seguridad.
Durante las manifestaciones que tuvieron lugar en la nación suramericana tras la destitución del expresidente, al menos 67 personas murieron como resultado de la represión militar y policial.
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