La Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares fue aprobada con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, tras dos años de discusiones sobre un problema emblemático que ha afectado seriamente a los mexicanos en las últimas décadas.
“La ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones”, informó el Legislativo mexicano mediante un comunicado.
La ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones”, informa el Senado mexicano.
Además, los senadores han dado luz verde a la creación de protocolos con directrices para los procesos de búsqueda, el establecimiento de la declaratoria especial de ausencia para reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y la definición de los derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo.
El dictamen prohíbe que se archive ningún caso de desaparición forzada o que se aplique cualquier tipo de impunidad o amnistías. Insta también a las autoridades a “prevenir, sancionar y erradicar” este delito e informar de las investigaciones a los familiares de las víctimas a los que concede el derecho de participar en la búsqueda directa.
“La desaparición de personas ha tomado dimensiones como nunca antes en México, esta ley busca resarcir el derecho de las víctimas a encontrar a sus familiares, a que se conozca la verdad, a que se investigue y se sancione la desaparición forzada en este país y la desaparición cometida por particulares”, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta de México, Angélica de la Peña.
La ley decreta de 40 a 60 años de prisión y una multa de 10 a 20 mil días a funcionarios y particulares involucrados en la desaparición de personas. La pena se duplicará si durante el delito la víctima pierde la vida debido a cualquier alteración de su salud o por enfermedad.
Las víctimas de desaparición forzada son un capítulo pendiente en la historia sobre el respeto a los derechos humanos en México. Según cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al menos 28 mil personas están con paradero desconocido.
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