La Corte Penal Internacional (CPI) ha dado a las autoridades de Myanmar (Birmania) hasta el 27 de julio para dar respuesta a los crímenes contra el pueblo apátrida Rohingya, de mayoría musulmana, que pese a llevar en la zona desde el siglo XII, según los historiadores, no tienen ciudadanía y son considerados como la minoría más perseguida del mundo.
Debido a la violencia y a la persecución que sufren, cientos de miles de rohingyas han tenido que emigrar a países vecinos.
Sin embargo, Myanmar no es un Estado miembro del tribunal internacional, lo que dificulta la intervención, pero Bangladés, país vecino y receptor del pueblo Rohingya, sí es miembro de este organismo jurídico, y la CPI exige a Birmania a que dé explicaciones por este éxodo.
Miembros del Parlamento británico han pedido que la comunidad internacional siga aplicando sanciones económicas y vetando la venta de armamento a Myanmar, además de seguir presionando diplomáticamente para que se detenga y se investigue este genocidio.
Hace una semana del Día Internacional del Refugiado y mientras los titulares del mundo se centran en las crisis migratorias de Europa y Estados Unidos, la situación en Myanmar, quien según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha realizado un ejemplo de manual de limpieza étnica contra rohingyas, sigue siendo dramática.
700 000 rohingyas han exiliados solamente a Bangladés durante el último año, huyendo de violaciones torturas y asesinatos por parte del Ejército del que debería ser su propio país.
Ian Díez, Londres.
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