Continentes - El muro de Macri

En 2004 Argentina promulgó una nueva Ley de Migraciones, la N°25.871, que modificó significativamente la situación de los extranjeros residentes en el país desde una perspectiva de derechos humanos, afirmando el derecho a migrar y la obligación del Estado de asegurar a este colectivo el acceso a un conjunto de derechos fundamentales.

Sin embargo, a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia en 2016, aumentó el número de las disposiciones de expulsión y en agosto de 2016 la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad anunciaron el establecimiento de un centro de detención para el alojamiento de migrantes que incumple la citada normativa vigente.

A su vez, en enero de 2017 se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que modifica la Ley 25.871 de manera regresiva sin pasar por el Poder Legislativo.

Esta modificación reduce la política migratoria a un debate sobre la "seguridad nacional" que asocia al migrante a la delincuencia, alimentando un discurso xenófobo y discriminatorio basado en información sesgada que vincula la migración con el narcotráfico y el crimen organizado.

Esto ha sido motivo de intensos debates y de denuncia por parte de organismos nacionales e internacionales pro derechos humanos. Lo real es que menos del 6 % de la población carcelaria de Argentina es extranjera y que, de los encarcelados por narcotráfico, sólo el 17 % son extranjeros (el 83 % son argentinos), estando implicados en este tipo de hechos solo el 0,06 % del total de la población inmigrante del país.

El foco de este discurso de seguridad nacional y restricción de la inmigración está en la población inmigrante regional, de países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Perú. Países con los que Argentina ha empezado a tener fuertes roces por esta cuestión. En épocas en que el muro de Trump contra México empieza a apilar ladrillos, la Argentina de Macri copia el modelo.

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