Según el organismo, con su sede en Londres (capital británica), al menos 271 personas, entre ellas un niño, han sido asesinadas en este tipo de acciones, las que ha catalogado como “un preocupante aumento de las operaciones de liquidación y venganza personal”.
Ha denunciado que se han registrado “ejecuciones”, al detallar que “estas operaciones tienen como objetivo a antiguas figuras militares y de las fuerzas de seguridad, además de civiles” y en algunos casos han habido “tintes sectarios”.
Al hacer alusión al estallido de estas “operaciones de liquidación” principalmente en Homs, Hama, Latakia y Tartús, ha subrayado que estos asesinatos se han convertido en parte de la “rutina diaria y en reflejo del estado de caos a nivel de seguridad”.
El ente sirio ha advertido que, “mientras estos crímenes continúan sin rendición de cuentas, la situación de inestabilidad empeora, entre temores de que pueda convertirse en un patrón sistemático que amenace la seguridad y la paz en el país y que suma a Siria en un ciclo de violencia”, pidiendo “pasos urgentes para limitar este fenómeno”.
De igual manera, ha insistido en la necesidad de reforzamiento de los esfuerzos de investigación para “revelar la identidad de los responsables, hacer que rindan cuentas y garantizar la protección de los civiles frente a operaciones de liquidación que son aleatorias”, sin que las nuevas autoridades sirias se hayan pronunciado al respecto.
Desde el pasado diciembre de 2024 y tras la caída del gobierno de Bashar al-Asad en Siria, los grupos armados vinculados al jefe de Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammad al-Golani, designado como el presidente del país en la fase de transición, han lanzado ofensivas de represión en las zonas alauitas de Siria, bajo el pretexto de eliminar las fuerzas leales a Al-Asad.
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