La persecución de la que vienen siendo víctima distintos dirigentes sociales en Panamá, después de las protestas masivas en rechazo a la minería de finales de 2023, es un duro golpe a quienes reclaman mejores condiciones de vida y sentaría un grave precedente relacionado con la violación de las garantías ciudadanas a manos del Estado, llegando a obtener el calificativo de “terrorismo”.
A la apertura de expedientes por parte del Ministerio Público, también se le suman detenciones autoritarias en medio de la crisis de 2023 o el cierre de las cuentas bancarias a los trabajadores del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS) y la Federación Auténtica de Trabajadores
Distintos sectores han manifestado su solidaridad hacia los trabajadores y el pueblo panameño, sobre todo aquellos que son conscientes de los logros sociales, fruto del reclamo popular por mejores condiciones de vida.
John Alonso, Panamá.
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