“Esta es una escalada peligrosa de amenazas e intimidación contra la Corte, que la Administración estadounidense ha practicado durante los últimos tres años. Estos intentos de influir en los procedimientos de la Corte son injustificados, totalmente inaceptables y una amenaza para los principios de la justicia internacional”, ha declarado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), a través de un comunicado emitido este sábado.
La decisión del presidente republicano se produjo después de que la CPI decidiera el pasado 5 de marzo lanzar una investigación sobre los soldados estadounidenses en Afganistán, así como por investigar a israelíes por abusos contra palestinos.
Además, el texto subraya que si se considera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) como un organismo de la ONU con la autoridad para remitir crímenes a la CPI para garantizar un castigo más severo para los autores de los crímenes, tales amenazas de parte de EE.UU., como un miembro permanente del CSNU, son definitivamente inaceptables.
Por lo tanto, la Cancillería palestina ha asegurado que conversará con otras partes internacionales a fin de apoyar a los funcionarios de la CPI, que denunció que esa medida de EE.UU. constituye “un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procesos judiciales del tribunal”.
Tal decisión del Gobierno estadounidense presidido por Donald Trump ha sido blanco de fuertes críticas en el mundo. El movimiento palestino HAMAS denunció el jueves los embargos estadounidenses contra la CPI, diciendo que ello refleja la “lógica intimidatoria” del Gobierno norteamericano. Además, el movimiento Yihad Islámica Palestina, por su parte, advirtió que EE.UU. intenta encubrir los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, imponiendo sanciones a la CPI.
Los palestinos han presentado demandas contra Israel ante La Haya para que sea juzgado y pague por los crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos contra los palestinos en los territorios ocupados, además, por apropiarse ilegalmente de sus tierras, demoler sus casas y practicar polémicas e ilegales detenciones arbitrarias.
Asimismo, la intervención militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Afganistán, en 2001, encabezada por Washington, tenía supuestamente el objetivo de “luchar” contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, así como derrocar al grupo armado Talibán, lo que, de hecho, no ha realizado sino agravar la situación en el país asiático, que, transcurridas unas dos décadas de esta injerencia, es más inseguro que nunca.
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