Los sancionados son el Subdirector de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, el dirigente Fidel Moreno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y José López Centeno, titular de la empresa de petróleos de Nicaragua Petronic, según ha anunciado este jueves el Departamento estadounidense del Tesoro en un comunicado.
Bajo el mandato de Díaz, la Policía Nacional ha participado en “violaciones de los derechos humanos” contra el pueblo de Nicaragua, incluidas “ejecuciones extrajudiciales”, según el texto.
Dicho funcionario agrega que Moreno, líder de la juventud del FSLN, “ha tomado parte de numerosos abusos graves contra los derechos humanos”.
Asimismo, acusa a López Centeno, quien es vicepresidente de Albanisa, una empresa que importa y vende productos petroleros de Venezuela, de “haber tenido acceso a grandes cantidades de fondos recaudados por el Ejecutivo en forma de impuestos y multas que podría explotar”, según el comunicado.
La sanción impuesta se da en el marco de la ley Global Magnitsky, la cual autoriza al presidente de EE.UU., Donald Trump, a cancelar visas, congelar bienes y activos a personas extranjeras responsables de “graves violaciones a los derechos humanos y a funcionarios asociados a casos de corrupción”.
Treasury sanctions three Nicaraguan individuals for serious human rights abuse and corrupt acts in response to the ongoing crisis in Nicaragua and violence perpetrated by security forces: https://t.co/qZWfiEqH6i
— Treasury Department (@USTreasury) July 5, 2018
Estas sanciones ocurren tras los llamados del Departamento de Estado, embajadores y del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al “cese de la violencia” en Nicaragua.
Desde el pasado 18 de abril, han muerto casi 200 personas en Nicaragua (según la Comisión de la Verdad y la Justicia del país) por actos violentos durante manifestaciones.
Esta ola de violencia surgió con el pretexto de medidas adoptadas por el presidente Daniel Ortega sobre el sistema de pensiones —medidas que después se derogaron, a la vez que el mandatario llamaba al diálogo—.
Mientras la Casa Blanca responsabiliza al Gobierno de dicha violencia, las autoridades sandinistas lo rechazan y el presidente Ortega denuncia, por su parte, que detrás de las protestas violentas existe una “conspiración” impulsada por grupos apoyados por Washington y el narcotráfico.
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