El jueves, la UE aumentó la presión contra el Gobierno de Bielorrusia, aprobando la imposición de sanciones contra unos 40 de sus altos cargos, tras acusarles de la supuesta represión contra la oposición y de falsificar el resultado de las elecciones presidenciales del pasado agosto.
En reacción, el Ministerio bielorruso de Asuntos Exteriores ha emitido este viernes un comunicado en el que ha asegurado que el Gobierno de Minsk actuará “con resolución” para proteger los “intereses nacionales” tras las sanciones aprobadas por el bloque comunitario.
“Bielorrusia introduce una serie de sanciones en respuesta [a las de la UE] a partir de hoy”, reza el texto, aseverando que creará una lista de “personas” que tiene prohibido acceder a territorio bielorruso, pero “de acuerdo con la práctica diplomática”, no la publicará.
Además, advierte, las sanciones comunitarias podrían tener “graves consecuencias”. En concreto ha mencionado la posibilidad de que Bielorrusia se retire de proyectos conjuntos o revise su presencia y sus relaciones en materia diplomática.
La Cancillería de Bielorrusia ha aconsejado también a la UE que, en lugar de “prometer montañas doradas para la próxima vida”, se centre en redoblar los esfuerzos conjuntos para afrontar desafíos comunes como el terrorismo, el crimen internacional, la migración y la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
La crisis social desatada desde el 9 de agosto por las multitudinarias protestas contra el resultado de las elecciones presidenciales bielorrusas —de las que Lukashenko salió victorioso— ha sido un nuevo pulso entre Bielorrusia y el Occidente. El Gobierno de Minsk ve detrás de la situación caótica en el país, los elementos de injerencia de los países que cuestionan la legitimidad de la reelección de Lukashenko, denunciando un fraude en los comicios.
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