La Fiscalía acusa a los cabecillas del secesionismo de rebelión, sedición y malversación de fondos, cargos que los acusados rechazan, por su implicación en el referendo de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 (1-O) y la proclamación unilateral de independencia el 27 del mismo mes, y pide que sean condenados a penas que pueden llegar hasta los 25 años de cárcel.
La defensa arguye que el proceso penal “atenta contra la disidencia política”, como ha expresado Andreu Van Den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
“Hay una campaña de criminalización pública constante. Se ha descabezado al independentismo”, ha aseverado el letrado en referencia al proceso judicial.
Por otra parte, algunos políticos del sector de la derecha española han cargado contra los acusados, expresando su respaldo al proceso judicial al que están sometidos.
Hay una campaña de criminalización pública constante. Se ha descabezado al independentismo”, ha aseverado Andreu Van Den Eynde, abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
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— Europa Press TV (@europapress_tv) February 12, 2019
“Quienes protestan por ser juzgados en el #JuicioProces deberían habérselo pensado antes de romper la sociedad catalana e intentar romper España”, ha tuiteado el presidente del partido Ciudadanos (C's), Albert Rivera.
Mientras tanto, centenares de estudiantes y activistas proindependencia, convocados por el Sindicat d'Estudiants (SE) y los Comités de Defensa de la República (CDR), han llevado a cabo movilizaciones e incluso intentado bloquear el acceso a la Fiscalía Superior de Cataluña.
El juicio se lleva a cabo en momentos en los que se registra una crisis política causada por las fricciones entre el Gobierno de Madrid y los secesionistas catalanes. El Gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, debate este martes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que necesita para mantener en pie su Gobierno, mientras se enfrenta a la negativa de los independentistas, cuyos votos determinarán la aprobación de dicho proyecto.
En esta línea, Sánchez ha amenazado con convocar elecciones anticipadas para este mismo año si Cataluña no da luz verde a los Presupuestos Generales.
Por otro lado, el Gobierno de Sánchez se ve presionado por el sector de la derecha, a saber, el Partido Popular (PP), C’s y el ultraderechista Vox, que ejerce la acusación contra los independentistas y que exige mano dura contra el independentismo catalán.
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