La negativa de EE.UU. a aceptar más migrantes ha ido en aumento desde la campaña electoral a las primarias del 2016, cuando el entonces el precandidato republicano Donald Trump prometió construir “un muro” en la frontera con México, de unos 3200 kilómetros, para evitar la entrada de más indocumentados, clamar que hizo en uno de sus mítines.
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Una vez celebradas las elecciones presidenciales en noviembre del 2016, que llevaron a Trump a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino no ha parado de decretar diversas medidas contra los migrantes, entre ellas, militarizar la frontera con México, detener a miles de migrantes irregulares y separar a los padres de sus hijos que habían logrado entrar en suelo estadounidense.
Su batalla contra los migrantes no solo va en contra de aquellos que viven de manera irregular en EE.UU., sino que también abarca a todos aquellos que disfrutan de un permiso permanente de residencia, más conocido como “green card”, o que es lo mismo que la tarjeta verde.
De hecho, la última ocurrencia de Trump se suscitó hace una semana, cuando se informó de que la Administración estadounidense había decidido negar la residencia definitiva o ciudadanía a todos aquellos que hubieran recibido prestaciones sociales federales y estatales, tanto si se tratara de los programas de asistencia sanitaria como si se tratara de los cupones de alimentos.
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Con esta medida, el Gobierno de Trump busca por todos los medios mantener solo a los migrantes autosuficientes en el país, pero los expertos en salud sostienen que el cambio migratorio podría forzar a millones de ellos de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer de manera legal en EE.UU.
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Las nuevas normas migratorias en Estados Unidos traerían consecuencias graves para la salud de la población y un aumento en los costos médicos: los diabéticos no acudirían a sus revisiones rutinarias, los asmáticos jóvenes no obtendrían atención preventiva y habría un aumento en las costosas visitas a las salas de emergencia, alertan expertos en salud.
Incluso, advierten de que el miedo llevaría a los migrantes a dejar de utilizar el Medicaid —el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los pobres o discapacitados—, los cupones de alimentos y otro tipo de asistencia pública.
La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica hasta que tengan que ir a una sala de emergencias. Le va a costar mucho dinero al sistema”, opina Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York, en alusión a la reforma migratoria relativa a negar la residencia definitiva o ciudadanía a todos aquellos que hubieran recibido prestaciones sociales federales y estatales en EE.UU.
“La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica hasta que tengan que ir a una sala de emergencias. Le va a costar mucho dinero al sistema”, opinó Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions (Soluciones de Salud Pública), la organización de salud pública más grande de Nueva York.
Es de tal envergadura la incertidumbre propagada entre la comunidad migrante que a las pocas horas del anuncio de los posibles cambios en las aludidas leyes, una abogada de migración de Minnesota señaló a un medio local que había recibido una avalancha de llamadas de clientes preocupados acerca de su próximo paso en la búsqueda por recibir servicios médicos estatales.
Una organización sin fines de lucro de Detroit, que ayuda a los latinos y migrantes de diversas nacionales para acogerse a los servicios sociales, comentó que su despacho, por lo general repleto de gente, estaba vacío el día después de que se dieron a conocer las potenciales normativas migratorias de Trump.
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