De hecho, el Tribunal estadounidense dio ayer lunes luz verde temporal al decreto migratorio de Trump para prohibir de manera permanente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, es decir: Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, así como de personas de Corea del Norte y altos funcionarios de Venezuela.
Mientras se procesa su apelación, el Tribunal Supremo aprobó en una breve orden judicial la petición de Washington para que se eliminaran las restricciones impuestas por cortes inferiores a la última versión del veto migratorio del presidente de EE.UU., Donald Trump, del 24 de septiembre.
La Corte Suprema declaró que, mientras la Justicia estadounidense resuelve si es constitucional o no, se podrá aplicar la orden ejecutiva del inquilino de la Casa Blanca en virtud de la cual se prohíbe la entrada en EE.UU. a las personas de dichos 8 países.
No obstante, el Tribunal no mencionó las razones que lo llevaron a tomar tal decisión, pero indicó que espera que las cortes inferiores estudien lo antes posible los asuntos que tienen pendientes para adoptar una decisión definitiva a nivel federal.
En el momento de su entrada en vigor, el 18 de octubre, dos jueces —primero uno de Hawái y, luego, otro de Maryland— bloquearon la implementación de ese veto, aduciendo que podría dirigirse contra una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de culto.
Trump, poco después de llegar a la Casa Blanca, firmó un primer decreto que suspendía la entrada a EE.UU. por 90 días de personas provenientes de algunos países de mayoría musulmana, pero la orden fue bloqueada rápidamente por los tribunales federales.
El 6 de marzo, el presidente firmó una segunda versión del decreto. Irak queda eliminado de la lista inicial.
El 24 de septiembre: el presidente firma un tercer decreto, prohibiendo el ingreso de manera permanente a los ciudadanos de Yemen, Siria, Libia, Irán, Somalia, Corea del Norte y Chad, junto con algunos funcionarios de Venezuela, alegando falta de seguridad y falta de cooperación con autoridades de Estados Unidos.
Por último, ayer 4 de diciembre, la Corte Suprema autoriza la plena aplicación de la tercera versión del decreto de prohibición de ingreso mientras sigue en curso el proceso de apelación.
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