Tras el ingreso del exmandatario a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde empezó a cumplir su pena, hubo disturbios en la entrada del edificio y la policía tuvo que lanzar bombas de estruendo y disparar balas de goma para dispersar a los manifestantes que lanzaron palos y piedras contra los agentes. Ocho personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad.
A este respecto, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, calificó el domingo de “injustificable” los hechos ocurridos el sábado por la noche contra las personas que esperaban a Lula.
“Hablamos con el comando de la policía y pedimos una investigación para determinar todo”, agregó Hoffmann, a la vez que aseguraba que no saldrán del campamento instalado en Curitiba hasta que el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sea puesto en libertad.
El juez Ernani Mendes Silva Filho prohibió que haya manifestaciones en los alrededores de la sede de la Policía Federal de Curitiba en la que quedó alojado Lula, porque esas protestas “pueden ocasionar trastornos a los vecinos de la región y grave lesión al orden de la seguridad”.
Hablamos con el comando de la policía y pedimos una investigación para determinar todo”, dijo la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, en referencia a los hechos ocurridos la noche del sábado contra las personas que esperaban al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba.
Pese a la medida, algunos militantes del PT continúan acampando para apoyar a su líder. Según el diario Folha do Sao Paulo, cuarenta colectivos llegarán en las próximas horas colmados de manifestantes para engrosar el campamento en favor del expresidente brasileño.
La orden de detención contra Lula fue emitida luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) rechazara un habeas corpus de su defensa.
Los brasileños rechazan esta decisión y exigen devolver la libertad a Lula, quien se encuentra en primer lugar en los sondeos de intención de votos de cara a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.
Los partidarios de Lula denuncian que se trata de una persecución judicial que pretende sacarlo de la contienda democrática y que de ser ratificada le mantendría en prisión por 12 años y un mes.
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