Un tribunal de apelaciones de Suecia confirmó la sentencia de cadena perpetua impuesta a un ex funcionario iraní, en una medida adoptada con motivaciones políticas.
El Tribunal de Apelaciones de Svea anunció este martes en un comunicado que “confirmaba la sentencia (...) en partes significativas”, que se había dictado a Hamid Nuri en julio de 2022 por su presunto papel en casos de violaciones de derechos humanos en Irán.
“La República Islámica de Irán considera fundamentalmente inaceptable la decisión de los tribunales primarios y de apelación respecto al Sr. Hamid Nuri, ciudadano iraní, y la condena enérgicamente”, ha señalado este martes el portavoz de la Cancillería de Irán, Naser Kanani.
Para Kanani, “es lamentable que el tribunal sueco, sin considerar las normas de un procedimiento justo, haya dictado una sentencia tan destructiva”.
A su criterio, “al ponerse del lado de los grupos terroristas que han estado llevando a cabo los más atroces actos terroristas y antihumanos contra el pueblo de Irán, Irak e incluso Europa durante décadas, el sistema judicial sueco ha puesto los intereses de las dos naciones y las relaciones viejas, históricas y profundas de los dos países en riesgo”.
De hecho, los cargos contra Nuri se derivan de las acusaciones formuladas en su contra por miembros del grupo terrorista Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés), las cuales han sido rechazadas categóricamente por la República Islámica.
Kanai ha asegurado que Irán defenderá los derechos de sus ciudadanos, y ha utilizado todas las capacidades y facilidades legales para liberar a Nuri de las “garras de la injusticia y continuará sus esfuerzos hasta el pleno cumplimiento de los derechos de sus ciudadanos”.
El funcionario persa ha concluido que “la República Islámica de Irán se reserva el derecho de adoptar las medidas apropiadas”.
El veredicto del tribunal llega cuatro años después de que Nuri fuera arrestado en un aeropuerto de Estocolmo a raíz de denuncias presentadas por grupos antiraníes en Suecia por su presunto papel en la muerte de prisioneros en Irán en la década de 1980.
Nuri, que junto a su equipo de defensa han negado dichos cargos, sigue desde su detención en régimen de aislamiento y según miembros de su familia, está sometido a torturas psicológicas.
El Gobierno iraní ha exigido una y otra vez la inmediata liberación de su ciudadano, tras considerar una “farsa” y una violación del derecho internacional su arresto.
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