En un informe publicado este miércoles, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha explicado que en la lista de 38 países “vergonzosos” aparecen los nombres de los países que han tomado represalias o intimidado a personas que cooperan con el organismo internacional en derechos humanos, mediante asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias.
Además, el documento incluye denuncias de malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas públicas de estigmatización contra víctimas y defensores de los derechos humanos.
Israel figura en la lista por haber revocado el permiso de trabajo del director local de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en la Palestina ocupada, Omar Shakir. Tel Aviv ordenó la deportación del activista estadounidense de ascendencia iraquí por su respaldo al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el régimen.
El mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos, que han respondido a las solicitudes de proporcionar información e involucrarse con las Naciones Unidas, para garantizar que se respete su derecho a participar”, señala un informe de la ONU.
Guterres, indica en su informe, que “el mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos, que han respondido a las solicitudes de proporcionar información e involucrarse con las Naciones Unidas, para garantizar que se respete su derecho a participar”.
En este contexto, considera como una “práctica vergonzosa” el hecho de “castigar a individuos por cooperar con las Naciones Unidas”.
El régimen de Tel Aviv reprime con frecuencia a los grupos que amparan a la campaña mundial de BDS, que busca terminar con la violencia ejercida por Israel, durante más de medio siglo, contra millones de palestinos, incluido el devastador asedio ilegal que castiga y asfixia colectivamente a casi 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza.
Por su parte, Andrew Gilmour, secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, quien presentará el informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) la semana próxima, ha denunciado la existencia de una tendencia al alza de la utilización de “barreras legales, políticas y administrativas” para intimidar y “silenciar” a la sociedad civil en ciertos países.
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