Por Xavier Villar

La decisión, adoptada tras una intensa presión política y social, reabre el debate sobre la coherencia entre la política exterior española y sus principios éticos en relación con el conflicto en Gaza.

El Gobierno español ha anunciado este jueves que no hará efectiva la compra de munición a empresas israelíes, valorada en 6,6 millones de euros, rectificando así una decisión que había generado una fuerte controversia en el seno del Ejecutivo y entre la opinión pública. El contrato, formalizado el pasado 16 de abril y destinado a proveer 15 millones de balas de calibre 9 mm a la Guardia Civil, fue interpretado como una ruptura del compromiso expresado por el propio Gobierno el 7 de octubre de 2023 de suspender toda compra de material militar a Israel en respuesta a la ofensiva sobre Gaza.

La rectificación llega después de días de creciente presión institucional y mediática, encabezada por la plataforma Sumar, que calificó el contrato como una “flagrante violación” de los principios defendidos por el Ejecutivo en política exterior. La decisión también fue objeto de una intensa crítica pública, al considerarse incompatible con la postura expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sido una de las voces más duras dentro de la UE respecto a las acciones del Gobierno israelí en Gaza. En declaraciones recientes, Sánchez calificó de “realmente insoportable” el número de víctimas palestinas, apelando directamente al cumplimiento del derecho internacional humanitario.

El Ministerio del Interior, responsable del contrato, había justificado inicialmente la continuidad del proceso por motivos administrativos y legales, al considerar que anular el acuerdo habría supuesto pagar el importe íntegro sin recibir la munición. Sin embargo, tras revisar el expediente y sopesar el coste político de la operación, el Ejecutivo ha optado por no ejecutar el contrato, en línea con el dictamen de la Abogacía del Estado, pero anteponiendo esta vez los compromisos políticos a las consideraciones técnicas.

Un gesto rectificador, pero no inocente

La empresa adjudicataria, Guardian LTD Israel —también conocida como Guardian Defense & Homeland Security S.A.—, mantiene vínculos estrechos con el Ministerio de Defensa israelí y está especializada en la producción de municiones y formación antiterrorista para cuerpos de seguridad estatales. Su implicación en la infraestructura militar israelí, incluida la cooperación con IMI Systems (una firma pública integrada en el complejo de defensa de Israel), convierte cualquier transacción con ella en un acto de clara connotación política.

Desde una lectura crítica, la operación —y su posterior rectificación— expone las tensiones estructurales entre los discursos humanitarios y la lógica de seguridad que rige las relaciones internacionales. Para el filósofo y jurista Costas Douzinas, esta contradicción no es un accidente ni un error administrativo, sino un reflejo de las limitaciones internas del orden global actual. Douzinas, influido por la crítica postcolonial, sostiene que los Estados democráticos liberales, como España, operan dentro de un marco internacional donde los compromisos con los derechos humanos son constantemente subordinados a intereses estratégicos, económicos y de seguridad.

Desde esta óptica, la política exterior española encarna una forma de "moral selectiva", que condena públicamente las violaciones de derechos humanos mientras mantiene, de forma soterrada o por inercia institucional, relaciones comerciales con los actores responsables. La cancelación del contrato puede entenderse, entonces, no tanto como un giro ético radical, sino como una medida de contención ante la presión pública, que evidencia los límites del margen de maniobra real de un Estado miembro de la UE ante el poder de la industria militar global.

El caso como síntoma de una estructura mayor

Para Douzinas, el verdadero problema no radica en un contrato puntual, sino en la arquitectura internacional que permite estas contradicciones. En su visión, la política internacional sigue operando bajo lógicas postimperiales, donde la soberanía formal de los Estados está constantemente mediada por redes transnacionales de poder: corporaciones, alianzas militares, y mercados de seguridad que condicionan las decisiones políticas incluso en contextos de aparente voluntad democrática.

La compra frustrada a Guardian LTD Israel, en este sentido, no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto más amplio de relaciones armamentísticas globales que hacen posible la exportación de violencia bajo la apariencia de procedimientos administrativos. La implicación de España en estas lógicas pone en entredicho su supuesta autonomía soberana y cuestiona el peso real de los principios éticos en la toma de decisiones de Estado.

Esta contradicción, lejos de ser exclusiva de España, es compartida por muchas democracias liberales que denuncian con firmeza las atrocidades en Gaza mientras mantienen vías abiertas de cooperación con el Estado de Israel. Lo que diferencia a este caso, sin embargo, es la movilización política e institucional que ha logrado revertir una decisión ya adoptada. Este cambio, aunque limitado, revela una fisura en el consenso tradicional que sitúa la seguridad por encima de los derechos humanos.

De la excepción técnica a la norma política

En octubre de 2023, el Gobierno había anunciado que congelaría todas las adquisiciones de material militar a Israel, con la única excepción de trabajos de mantenimiento de sistemas previamente exportados. La posterior formalización del contrato ahora anulado puso en evidencia la fragilidad de este compromiso. Fue precisamente esta ambigüedad la que activó las alarmas entre actores políticos y sociales que exigieron una respuesta clara.

“Nuestro compromiso con el pueblo palestino es absoluto”, afirmó Sumar en un comunicado que acompañó su petición de comparecencia parlamentaria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Además de exigir la cancelación inmediata del contrato, la plataforma solicitó la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, la imposición de sanciones y el respaldo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos israelíes.

El episodio deja una lección clara: la coherencia en política exterior no puede sustentarse solo en declaraciones, sino que requiere decisiones que la respalden en la práctica. Y también deja un recordatorio incómodo: incluso en contextos democráticos, los intereses económicos y de seguridad tienen un peso determinante que a menudo eclipsa la voluntad política de actuar con justicia.

Para Douzinas, la verdadera transformación solo será posible cuando los Estados dejen de ver los derechos humanos como una moneda diplomática y empiecen a integrarlos como eje vertebrador de sus decisiones. Mientras tanto, episodios como este seguirán revelando la brecha entre la retórica y la realidad en el escenario internacional.