El Departamento del Tesoro estadounidense alegó por una nota que estas sanciones a la Policía del país centroamericano son debido a “su papel en el abuso grave de los derechos humanos en Nicaragua”.
Con estas sanciones a la Policía Nacional, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managuase entran a la lista de altos oficiales sancionados por Estados Unidos.
Tras estas nuevas sanciones, todos los bienes e intereses propiedad de los tres individuos y la entidad policial, son bloqueados por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Además, se prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con las personas y entidades sancionadas.
Con esta nueva medida, la Administración estadounidense presidida por Donald Trump ha vuelto a apoyar a los disturbios protagonizados por manifestantes antigubernamentales, que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Esto es mientras que una encuestadora reveló el 1 de marzo que la mayoría de nicaragüenses rechaza la intromisión de otros países y organizaciones en los asuntos internos de esa nación.
El 3 de marzo y durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (CDHNU), Nicaragua denunció las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en contra de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y afirmó que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que señala supuestas violaciones a los derechos de los nicaragüenses, es sesgado y carece de la verdad.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusa a Washington de atentar contra los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, al imponer sanciones en su contra y dijo que “lo que hace (EE.UU.) es atentar contra la democracia, atentar contra la paz y atentar contra los pueblos”
El mandatario del país centroamericano asegura que Estados Unidos es el responsable de los crímenes que se comenten en la región de América Latina.
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