La Fiscalía mexicana informó en un comunicado que comenzaría los trámites a fin de presentar las pruebas necesarias para que aquellos que no hubieran cumplido con sus deberes de investigar el caso a cabalidad, tendrían que comparecer ante los tribunales.
La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precisó que el Gobierno presentaría una denuncia ante el fiscal general por la liberación de uno de los principales sospechosos del caso.
Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, señalado como uno de los líderes de la organización delictiva Guerreros Unidos y que presuntamente había perpetrado el secuestro de los jóvenes estudiantes, fue puesto en libertad el sábado después de que un juez concluyera que las acusaciones en su contra fueron obtenidas mediante tortura.
Este fallo judicial va en línea con un informe de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2018, que sugería que las autoridades mexicanas habían torturado a decenas de personas durante las pesquisas para hallar a los desaparecidos.
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En la misiva, la Fiscalía recordó que la citada investigación, realizada durante el mandato del mandatario Enrique Peña Nieto, había sido “desacreditada” en repetidas ocasiones tanto por la opinión pública como por los familiares de las víctimas.
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para tomar autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.
Tres estudiantes murieron durante el ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.
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Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones de la Fiscalía, que en aquel entonces trataba de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno de Peña Nieto.
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El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México se ha convertido en un ejemplo de la vasta ola de violaciones de los derechos humanos que tiene lugar en el país azteca.
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