Esta reforma permitirá adecuar en una ley general los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual permitirá una armonización entre ellas mismas, y de esta forma responder a una catastrófica realidad que ha privado en México", explica un diputado del PRD.
"Esta reforma permitirá adecuar en una ley general los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual permitirá una armonización entre ellas mismas, y de esta forma responder a una catastrófica realidad que ha privado en nuestro país", explicó Alejandro Sánchez, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esta modificiación, alcanzada con 383 votos a favor y que modifica el artículo 73 de la Constitución, autoriza al Poder Legislativo la expedición de leyes generales sobre la desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como torturas y diversos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Según el dictamen de la Cámara de Diputados, el Congreso deberá expedir la legislación correspondiente dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma, una vez que sea avalada por la mayoría de las legislaturas estatales.
El Senado mexicano envió al Congreso la propuesta de enmienda presentada por un grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Este grupo de expertos, encargados de poner en marcha una investigación en torno al caso de los 43 alumnos mexicanos desaparecidos en la ciudad de Iguala, este de Guerrero (sur), a mediados de abril, pidió al Gobierno de México que clasifique la desaparición forzada como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de "extrema gravedad".
La petición de la CIDH fue aprobada el miércoles en el Senado de México con 104 votos a favor.
A finales de septiembre de 2014, un grupo de policías locales disparó contra los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero; incidente en el que seis personas perdieron la vida. La desaparición forzada de estos estudiantes ha levantado ira internacional.
Después, los agentes capturaron a 43 jóvenes y los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, que asegura haberlos asesinado e incinerado en un basurero, aunque solo un cuerpo ha sido identificado hasta la fecha.
Desde entonces, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido blanco de duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en el caso de los estudiantes, y la flagrante violación de los derechos humanos en el país.
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