De acuerdo con Yarlenis Márquez, la secretaria del juzgado de la ciudad de La Esperanza, oeste del país centroamericano, donde ocurrió el homicidio, la jueza, Victoria Flores, resolvió el jueves "dejar sin valor y efecto la medida de prohibición de salir del país" al mexicano.
Cáceres, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros el 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en La Esperanza, a unos 200 km al noroeste de la capital, Tegucigalpa, e hirieron a su invitado mexicano, Castro, quien logró salir con vida porque simuló estar muerto.
No se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación", recalcó la Fiscalía del Ministerio Público de Honduras.
"No se descarta que a futuro se pueda solicitar la presencia del testigo de surgir nuevos elementos en la investigación", recalcó la Fiscalía del Ministerio Público en un comunicado.
Castro intentó salir del país cuatro días después del incidente pero fue retenido en el aeropuerto porque el juzgado puso una alerta migratoria al resolver que no podía salir del país por 30 días mientras se hacían las investigaciones.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al Gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández, proteger al ambientalista mexicano Castro así como a familiares de la activista asesinada. El Copinh y líderes de agrupaciones sociales de Honduras y de otros países, temían que las autoridades pudieran incriminar al mexicano para salvar a los verdaderos culpables del crimen.
Por otra parte, la Fiscalía detalló que "el pasado 13 de marzo se intervino por orden judicial la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), en donde se han decomisado armas, secuestrado documentos y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación".
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, porque había denunciado que DESA junto con autoridades militares, policiales y de la Fiscalía, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse, a través de manifestaciones con indígenas del Copinh, a la construcción de una represa hidroléctrica en el río Gualcarque, que cruza territorio del grupo étnico y se considera sagrado.
De haber indicios suficientes se complementarán con prueba científica, prosiguió la Fiscalía, y en colaboración con el Copinh se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde Cáceres recibió amenazas.
El homicidio ha provocado una ola de protestas y movilizaciones en Honduras, en las que solicitan la verificación del asesinato y de otros casos semejantes, resolver el saqueo de los recursos naturales, así como más seguridad para todas las personas que luchan por los derechos humanos de los pueblos indígenas.
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