“Los países que forman parte del Estatuto de Roma están obligados a cooperar con la CPI de acuerdo con el capítulo nueve del tratado, el cual regula la colaboración en casos como los de Netanyahu y Galant”, ha afirmado este lunes el portavoz de la CPI, Fadi al-Abdulá.
En cuanto a los países que no han ratificado el Estatuto de Roma, Al-Abdulá ha precisado que estos pueden elegir de forma voluntaria cooperar con la Corte.
Ha señalado que en caso de que un país miembro no cumpla con su obligación de cooperación, los jueces de la Corte Penal Internacional pueden remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma para que se tomen las medidas que la Asamblea considere apropiadas.
El portavoz también ha explicado que las órdenes de arresto marcan el inicio de la fase preliminar en un caso, lo que implica que “los jueces han determinado que existen motivos razonables para sospechar que los acusados son responsables de los crímenes que se les imputan”.
Ha subrayado que la fase del juicio es posterior, y que según el sistema de la Corte, los juicios no pueden llevarse a cabo en ausencia de los acusados, quienes deben estar presentes para que se inicie el proceso.
Respecto a la posibilidad de abrir una oficina de la CPI en el Medio Oriente, similar a la oficina inaugurada en Ucrania, al-Abdallah indicó que la apertura de oficinas depende de las circunstancias prácticas que puedan surgir. "Por lo tanto, es prematuro determinar si será necesario abrir una oficina en el Medio Oriente", señaló.
El portavoz de este ente internacional ha explicado que es probable que emitan otros fallos de detención para otras autoridades israelíes vinculados con crímenes contra los palestinos.
El jueves, la Sala de Cuestiones Preliminares de CPI con sede en La Haya, en Países Bajos, dictó órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de asuntos militares Yoav Gallant, señalándolos como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.
124 Estados miembros del tribunal estaría teóricamente obligado a detener a aquellas personas contra las que pesen este tipo de órdenes y hasta ahora algunos países como Irlanda han declarado su disposición para cumplir con el veredicto de CPI.
msr/mkh
