En Barcelona, miles de personas se han vuelto a manifestar para expresar su rechazo a la sentencia dictada el lunes por el Tribunal Supremo de España, en la que se condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes independentistas catalanes por delitos de “sedición” y “malversación”.
Entre los fallos, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras obtuvo la pena más alta, 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta, por impulsar el referéndum del 1 de octubre de 2017 que los independentistas votaron a favor de la independencia.
Aunque las marchas comenzaron de forma pacífica, según medios locales, a última hora de la tarde de este miércoles se han registrado enfrentamientos con la Policía en Barcelona, capital de Cataluña.
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La Generalitat tiene el deber político y moral de condenar el uso de la violencia en Cataluña. Desde el pasado fin de semana, nuestro Comité de Coordinación está en alerta permanente”, ha dicho el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, en un mensaje al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Conforme ha informado el Sistema d’Emergències Mèdiques, las protestas de esta jornada se han saldado, hasta ahora, con 51 personas detenidas, 125 heridas, de las cuales 84 son agentes del orden público, y más de 250 barricadas en llamas que tuvieron que ser apagadas a lo largo de la noche en las ciudades de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Las protestas, impulsadas por Tsunami Democràtico —la plataforma que está promoviendo las protestas callejeras contra la sentencia del procés—, se han sucedido desde el lunes por la mañana, pero durante la tarde y la noche del martes y este miércoles vivieron sus momentos más cruentos.
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Mientras tanto, el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido con los principales líderes de la oposición para valorar la cuestión catalana y ha hecho un llamamiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que condene la violencia; es más, en un mensaje directo a Torra ha dicho que “la Generalitat tiene el deber político y moral de condenar el uso de la violencia en Cataluña. Desde el pasado fin de semana, nuestro Comité de Coordinación está en alerta permanente”.
El tema de la independencia de Cataluña del Estado español ha suscitado una gran polémica desde el plebiscito de octubre de 2017 y la posterior declaración de la independencia de Cataluña por el ejecutivo regional, presidido entonces por Carles Puigdemont, y, en consecuencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno español.
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