"Manifesté al Govern de la Generalitat (el Ejecutivo catalán) que no estábamos cometiendo ningún delito con el proceso participativo del 9-N", ha insistido este lunes Francesc Homs durante la primera jornada del juicio que se sigue contra él por participar en la organización de la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Cataluña.
El actual diputado catalán en el Parlamento español está acusado de desobediencia grave y prevaricación por su papel en la preparación del citado proceso, pese a ser notificado de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender tal consulta.
Manifesté al Govern de la Generalitat (el Ejecutivo catalán) que no estábamos cometiendo ningún delito con el proceso participativo del 9-N", ha insistido el exconsejero de Presidencia catalán Francesc Homs.
Homs ha argumentado que tras la suspensión de la consulta se cambió el formato y se llevó a cabo un proceso participativo que no fue ejecutado por el Gobierno autonómico catalán, sino por voluntarios con "distintas categorías de responsabilidad", lo que, a su modo de ver, no vulneraba la providencia del Constitucional.
"No se suspendió la consulta porque no se puede suspender lo que no existe, lo dije muchas veces, la consulta ya había sido suspendida anteriormente y lo que había entonces era un proceso participativo" que no vulneraba las providencias del TC, ha explicado.
Asimismo, ha denunciado la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional pues, a su juicio, era "confusa", por lo que "no había forma humana" de saber qué permitía hacer y qué no.
Según ha manifestado Homs, una providencia "no es una resolución judicial, ni una sentencia ni una explicación razonada", por lo que el Gobierno catalán pidió una aclaración al Tribunal Constitucional sobre su alcance que quedó sin respuesta.
España ha llevado a juicio a políticos catalanes, entre ellos, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas por organizar el referéndum simbólico (consulta alternativa) de 2014 en el que un 80,76 por ciento votó a favor de la independencia de Cataluña. Aun cuando pocos días antes el TC español suspendió la realización de dicho proceso.
Además, el Gobierno español y el regional catalán se encuentran prácticamente envueltos en una guerra política, puesto que en octubre de 2016 el Parlamento catalán aprobó la celebración del referéndum cesionista como muy tarde, en septiembre de 2017, con o sin el aval del Estado. Su medida fue anulada por el Tribunal Constitucional de España, aunque los independentistas siguen firmes en su postura.
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