La medida ha sido planteada este martes por la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de España, María Freire Pérez, tras concluir una investigación sobre la destrucción de los ordenadores que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas tenía en la sede de la formación.
“(El PP cometió delito de daños informáticos) por no haber establecido un modelo de gestión y organización adecuado para impedir la comisión de este delito (ya que) no existe un inventario de los elementos informáticos en su sede (…) La información fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura 35 veces y rallado hasta su destrucción física”, ha indicado Freire Pérez.
La información fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura 35 veces y rallado hasta su destrucción física”, indica la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de España, María Freire Pérez.
La pesquisa fue realizada sobre tres miembros del PP: la actual tesorera y gerente, Carmen Navarro; el director del sistema de información del partido, José Manuel Moreno; y el asesor jurídico Alberto Durán, quien, de acuerdo con Freire Pérez es quien supuestamente ordenó la destrucción de los discos duros a fin de eliminar su contenido.
Sin embargo, tanto la formación gobernante como los tres miembros acusados han dejado en claro que el borrado se hizo según el protocolo de la formación política, si bien la magistrada afirma que "no existe un protocolo interno de seguridad".
De igual manera, Freire Pérez ha declarado que los supuestos responsables del caso buscaban "impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela" y "otros extremos" que Bárcenas guardaba en sus ordenadores portátiles pudieran acabar formando parte de la investigación sobre la caja B del PP que llevaba a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Se trata de la primera vez que una formación política en España es procesada y de ser probado el delito, el caso se sumaría a otros problemas del PP, entre ellos, la corrupción por la que los populares se han enfrentado a muchas críticas, las cuales tendrían cierto efecto en su imagen de cara a la posible investidura como presidente del Gobierno de su líder, Mariano Rajoy.
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