El acuerdo tuvo lugar en el contexto de la visita a Guyana del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, uno de los principales voceros de las amenazas belicistas que, desde la Administración del saliente presidente estadounidense, Donald Trump, se han lanzado contra el Gobierno venezolano, como parte de sus planes para derrocar al mandatario chavista, Nicolás Maduro.
“Hoy en Georgetown, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Guyana firmó un ‘acuerdo de adquisición y servicios cruzados’. El jefe de personal de la Fuerza de Defensa de Guyana, el brigadier Godfrey Bess y el comandante almirante Craig Faller del Comando Sur de EE.UU. firmó el acuerdo”, informó el Comando Sur en la red social Twitter.
Guyana, según menciona el tuit estadounidense, “es un socio de seguridad clave en los esfuerzos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales”.
His Excellency Dr. Mohamed Irfaan Ali attended dinner last evening, at the residence of the U.S. Ambassador to Guyana, Sarah Lynch, in honour of the visiting Commander of the U.S. Southern Command, Admiral Craig S. Faller. pic.twitter.com/kSVRDVj3UJ
— Department of Public Information (@DPI_Guyana) January 12, 2021
Faller viajó a Georgetown para dar inicio a las maniobras de vigilancia marítima conjuntas, entre Guyana y EE.UU., para interceptar el narcotráfico cerca de la frontera venezolana.
Por su parte, Venezuela ha rechazado esas maniobras militares guyanesa-estadounidenses. “La operación representa una amenaza a toda la región, a la paz… y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria”, dijo el lunes el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
De hecho, la maniobra que, al coincidir con un nuevo hito de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la zona del Esequibo, se traduce en el respaldo de Washington al Gobierno guyanés para atemorizar a Venezuela.
Caracas nunca ha reconocido la soberanía de Guyana sobre la zona del Esequbo, rica en petróleo, y asegura que la controversia debe ser resuelta en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé una solución negociada y no por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como lo exige Georgetown.
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