La confianza entre la comunidad y el departamento policial se ha roto en varias ciudades estadounidenses, incluida a mi ciudad de residencia Baltimore. Hemos de restaurar esa confianza”.
El diario estadounidense Washington Post, citando el jueves a dos oficiales del Departamento de Justicia del país, que hablaron en condición de anonimato, informó que Lynch tiene previsto anunciar esa decisión este viernes.
El rotativo estadounidense prosigue que la fiscal general del país afirmó que dentro de unos días hará público si encargará a la división de derechos humanos del Departamento de Justicia el inicio de la debida investigación sobre la gestión de los efectivos policiales de esa localidad norteamericana.
Hasta el momento, este departamento no se ha pronunciado al respecto.
Cabe recordar que la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, se reunió el martes con Lynch en Baltimore y anunció el miércoles que solicitó a los investigadores del Gobierno de Estados Unidos que abran una investigación para comprobar si la Policía de este departamento adopta políticas discriminatorias contra los civiles.
La senadora de Maryland, Barbara A. Mikulski, por su parte, abogó la tarde del jueves por la apertura de esa investigación sobre las denuncias hechas contra la brutalidad policial y adelantó que mediante una carta formal, pidió a la fiscal general una investigación abierta al respecto.
Lamentó que la Policía de Baltimore hiciera el año pasado 120.000 detenciones, una cifra que es “demasiado” para una población de 610.000 habitantes.
“La confianza entre la comunidad y el departamento policial se ha roto en varias ciudades estadounidenses, incluida a mi ciudad de residencia Baltimore. Hemos de restaurar esa confianza”, apostilló Mikulski.
El comisionado de la Policía de Baltimore, Anthony W. Batts, por su parte, admitió irónicamente, el uso excesivo de la fuerza policial contra la comunidad y saludó cualquier investigación federal al respecto.
Desde 1994, fecha en la que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos el Acta del Control del Crimen Violento y Aplicación de la Ley, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva a cabo investigaciones sobre la violencia que protagonizan los efectivos policiales en diferentes departamentos; una investigación que se ha convertido en algo protocolar, pues, no ha sido capaz de detener o reducir la violencia policial.
Baltimore es escenario de las protestas desde el pasado 19 de abril, cuando Freddie Gray, el joven negro de 25 años perdió la vida, tras sufrir una grave herida en la espina dorsal como consecuencia de la golpiza policial que recibió durante su detención el 12 de abril.
La fiscal de Baltimore, Marilyn Mosby, aseguró el pasado viernes que la muerte de Gray a manos de la Policía fue un “homicidio”. Cinco de los seis agentes de la Policía de Baltimore acusados del homicidio de Gray han sido puestos en libertad bajo fianza.
La muerte de Gray se produjo en un momento de gran tensión en EE.UU. entre los distintos cuerpos de policía y la comunidad, después de que durante los últimos meses tuvieran lugar varios casos de abuso policial con resultados mortales.
Varias otras ciudades de EE.UU., como Nueva York (noreste), Denver (centro) y Chicago (centro-este), se movilizaron contra la brutalidad y el fuerte racismo policial en el país norteamericano.
Este último caso de brutalidad y discriminación racial policial tiene lugar en Baltimore, donde el 63 % de la población es negra, como también lo son la mitad de su fuerza policial y su alcaldesa.
Asimismo, este asesinato se suma a similares incidentes, en los que agentes blancos matan a tiros a ciudadanos afroamericanos desarmados, hechos que han provocado multitudinarias marchas antirracistas en la mayoría de las ciudades estadounidenses.
ask/ktg/kaa
