El enojo popular volcado sobre puestos de policía, o como se los conoce en Colombia, Centros de Atención Inmediata (CAI). Unas 50 instalaciones fueron quemadas en la capital, Bogotá, y en la vecina ciudad de Soacha.
La protesta y los disturbios se debían a la brutalidad policial. Pero, la respuesta de los agentes fue también violenta. El uso excesivo de la fuerza, también fue condenada por la alcaldesa de la capital, Claudia López Hernández.
La protesta iba contra el brutal asesinato a manos de policía de Javier Ordoñez, un abogado de 46 años, que recibió 12 cargas de taser mientras estaba reducido en el suelo por los agentes.
El presidente del país, Iván Duque, lamentó la tragedia, pero insistió en que fue un hecho aislado que no se debe generalizar.
La muerte de Ordoñez, fue la undécima registrada en lo que va del año. Y solo en la capital, la Alcaldía afirma haber recibido 137 denuncias por presunto uso excesivo de la fuerza y violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía.
Sin embargo, la mayoría de las denuncias contra la policía, que pasan a ser juzgados por la justicia penal militar, quedan impunes. Voces desde diferentes sectores políticos, ya piden una reforma estructural a la institución de la Policía Nacional para cambiar esta realidad.
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