El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) William Spindler indicó el viernes que para la agencia de la ONU es “una preocupación creciente el aumento de asesinatos y amenazas contra defensores de los Derechos Humanos y líderes comunitarios en la costa del Pacífico”, que en la mayoría de los casos, precisó, son indígenas o afrodescendientes.
De acuerdo con ACNUR, en el último año se han producido 78 muertes violentas de líderes y miembros de organizaciones sociales, aunque se cree que podrían sumarse al menos otros trece casos que están actualmente bajo investigación. “De todas formas, es alarmante”, señaló.
“Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)”, afirmó Spindler en una rueda de prensa.
Spindler hizo referencia al caso de José Jair Cortés, líder afrodescendiente de la comunidad de Alto Mira y Frontera, en el departamento de Tumaco, que fue asesinado el pasado 17 de octubre, a pesar de que estaba bajo protección de las autoridades colombianas en ese momento por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido.
Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)”, afirmó el portavoz de la ACNUR, William Spindler.
Desde ese momento, otros siete han sido asesinados y muchísimos más amenazados, según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Spindler atribuyó la escalada de violencia a la pugna que se ha desatado en los antiguos territorios de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre organizaciones criminales que quieren hacerse con sus negocios ilícitos, como el narcotráfico o la minería ilegal.
“Los retrasos y problemas en la implementación a nivel local de los principales puntos del acuerdo de paz, como la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, han incrementado la incertidumbre en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil”, explicó.
Por ello, solicitó al Gobierno colombiano “una protección adecuada de las poblaciones más afectadas”. Además, pidió medidas adicionales para garantizar la seguridad de estas comunidades, entre ellas mayor presencia policial y mejorar la red de telecomunicaciones para facilitar las denuncias.
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