Un grupo de migrantes haitianos relató el martes las condiciones miserables que enfrentó en el mes de septiembre en el campamento Del Río (en el estado de Texas), para luego demandar al Gobierno de Biden, por sus malos tratos a los migrantes.
De hecho, durante ese tiempo se publicaron imágenes y vídeos de los agentes fronterizos a caballo enfrentando agresivamente a los migrantes, lo que generó una rápida condena de defensores, legisladores y altos funcionarios de la Administración estadounidense.
Uno de los migrantes protestantes, Mirard Joseph, cuyas fotos se han hecho virales en las que un agente de la patrulla fronteriza a caballo le agarra por la camiseta, explicó que el incidente violento fue “la experiencia más humillante de su vida”.
“Después de que Mirard salió del río, sosteniendo dos bolsas de comida (para su familia), se encontró con un oficial a caballo. Mientras otros oficiales miraban, algunos a pie, otros a caballo o en vehículos oficiales, el oficial a caballo le gritó a Mirard, lo azotó con las riendas partidas, lo agarró por el cuello y lo sujetó por el cuello”, reza la demanda.
De este modo, la fundadora del Centro de Acción de Justicia (JAC, por sus siglas en inglés), Karen Tumlin, manifestó en una conferencia de prensa que la Administración de Biden debe rendir cuentas por tales actos violentos.
“Debemos responsabilizar al Gobierno de Biden por los abusos desmedidos de los derechos civiles […] El Gobierno de EE.UU. era consciente de una posible afluencia de solicitantes de asilo y optaron por no hacer lo mínimo para prepararse”, lamentó Tumlin.
Además, se lee en dicha demanda que el proceso del llamado Título 42 —un acta aprobada por el expresidente de EE.UU. Donald Trump al inicio de la pandemia que permite expulsar del país a todos los que puedan suponer una amenaza para la salud pública— se ha desplegado “brutalmente” contra los haitianos y violó sus derechos.
En septiembre, alrededor de 15 000 migrantes solicitantes de asilo, principalmente haitianos, llegaron a la referida zona en la frontera entre EE.UU. y México. Según los reportes, unos 8000 decidieron regresar de forma voluntaria mientras que otros 5000 fueron procesados por el Departamento de Seguridad Nacional para ser deportados.
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