El director legal y de políticas de la organización pro derechos humanos HRW, James Ross, denuncia que los rohingyas que viven en el estado de Rajine en el noreste de Myanmar (Birmania), son sometidos a deportaciones forzosas, asesinatos, violaciones y diversas formas de persecución.
Todas estas prácticas, que han provocado innumerables muertes y desplazamientos masivos —conforme acusa Ross— las lleva a cabo el Ejército birmano en una clara violación de los derechos humanos.
“El Ejército de Birmania está expulsando brutalmente a los rohingyas del estado de Rajine (…) Las masacres de ciudadanos y la quema masiva de viviendas, que ha expulsado a estas personas de sus casas, son crímenes contra la Humanidad”, denuncia el funcionario de HRW, organización que en 2016 publicó imágenes satélitales que evidenciaban grandes incendios intencionados en los pueblos rohingyas.
Ross cree que “colocarle una etiqueta legal a los crímenes espantosos que ha cometido el Ejército birmano contra las familias rohingyas puede parecer inconsecuente”, no obstante, considera que “el reconocimiento mundial de que se están produciendo crímenes contra la Humanidad debe impulsar a Naciones Unidas y a los gobiernos que estén preocupados a actuar contra el Ejército birmano para poner fin a estos crímenes”.
El Ejército de Birmania está expulsando brutalmente a los rohingyas del estado de Rajine (…) Las masacres de ciudadanos y la quema masiva de viviendas, que ha expulsado a estas personas de sus casas, son crímenes contra la Humanidad”, denuncia el director legal y de políticas de la organización pro derechos humanos HRW, James Ross.
La oenegé que anteriormente ya ha hecho denuncias públicas sobre la falta de atención a la situación de esta comunidad musulmana, en esta oportunidad ha resaltado que la preocupación que manifiestan el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y otras potencias debe traducirse en la imposición “urgente” de sanciones y un embargo de armas contra el Ejército birmano para frenar los abusos que cometen los militares contra los rohingyas.
Además, la organización pro derechos humanos ve conveniente que el CSNU, que se reunirá el próximo jueves para analizar el caso de los rohingyas, exija al Gobierno birmano el acceso de las agencias de ayuda humanitaria a las zonas con población afectada, así como la entrada de una comisión de investigación de las Naciones Unidas para que evalúe los posibles abusos que se han cometido e implemente algunas medidas para llevar a los responsables de estos crímenes de guerra ante los tribunales, incluso internacionales.
En medio del mutismo de la gobernante ‘de facto’ de Myanmar, la Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, los rohingyas huyen a Bangladés. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 421.000 refugiados han llegado al país vecino y, a principios de mes, la ONU estimaba que la violencia de los budistas y militares habría causado mil muertos entre esta minoría musulmana.
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