“Venezuela someterá a revisión la relación con la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la Carta de compromiso, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo”, ha hecho hincapié el Ministerio venezolano de Asuntos Exteriores a través de un comunicado emitido este jueves.
De este modo, Caracas ha reaccionado a las declaraciones de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que la misma jornada alegó que su oficina continúa recibiendo denuncias de supuestas “ejecuciones extrajudiciales” en el contexto de operativos de las fuerzas de seguridad de Venezuela.
Bachelet ha mencionado que su oficina documentó al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, entre otros.
Anta tal coyuntura, la nota de la Cancillería venezolana ha considerado que el reporte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) está “desbalanceado” y ha sido emitido “por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de EE.UU. a través del autodenominado Grupo de Lima”, integrado por países que buscan derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro y respaldan a Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interno” de Venezuela.
Según el texto, Caracas lamenta que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores antivenezolanos y “realice afirmaciones sesgadas, alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas, como hechos”.
En esta misma línea, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Constant Rosales, ha criticado a Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos por ofrecer informaciones no verificadas que alimentan “la campaña mediática” contra el país bolivariano.
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