El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este viernes de la emisión de órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes a un grupo de funcionarios nombrados por el diputado opositor Juan Guaidó por su presunta relación con la retención del oro venezolano en el Banco de Inglaterra y por el ofrecimiento del territorio en reclamación del Esequibo a Guyana.
“Por lo tanto, en consecuencia de ello, el Ministerio Público ha solicitado órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes en contra de las personas que han usurpado funciones en la junta diretiva del Banco Central de Venezuela (...)”, ha declarado Saab en una rueda de prensa.
Los funcionarios implicados son: Ricardo Adolfo Villamil, Giacoma Cudish Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Andrés Suárez, todos integrantes de la denominada Junta Directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, ente ilegal designado por el golpista Guaidó.
Saab ha indicado que la corte británica había ignorado que ninguno de los miembros de la junta administrativa, nombrada por Guaidó, viven en Venezuela, sino que residen en Estados Unidos y en Colombia.
También son judicializados Jose Gregorio Hernández, Irene de Lourdes Loreto y Geraldin Afiuni, miembros de la ilícita Oficina del Procurador Especial, órgano que no existe en la legislación venezolana. Esta oficina autorizó al margen de toda legalidad la participación de un bufete estadounidense en este litigio, ha dicho el fiscal.
También ha señalado que a todos ellos se le imputaría los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
Las acciones del MP se suceden luego que la víspera el Tribunal Superior del Reino Unido decidió entregar 31 toneladas de oro venezolano, valoradas en más de un mil millones de dólares a Guaidó y sus ficticios funcionarios desconociendo la legitimidad del presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.
Con esa decisión, se impide el retiro de las reservas de oro que se destinarían al combate del coronavirus, causante de la COVID-19 en el país, las cuales habían sido cedidas al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El alto funcionario funcionario ha agregado que lo ocurrido se inscribe como un hecho más entre los que lleva adelante el Gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, para saquear los recursos de Venezuela.
“La excusa fue crear un gobierno interno, un parapeto que encontró el gobierno de Trump para despojar a Venezuela de sus activos en el exterior”, ha alegado el fiscal general.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró horas antes que el oro confiscado por Reino Unido sería el pago de Guaidó al Gobierno británico por haberlo reconocido como “presidente interino”.
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