El Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ha decretado este sábado privación de libertad de los ciudadanos Francisco José Luna Martínez, Leonard Eligio Briceño Vivas, Carlos Arturo Rosario Pimentel y Eliant Felipe Cesar Caraballo, involucrados en la fracasada incursión mercenaria del pasado 3 de mayo, denominada “Operación Gedeón”.
Según la información, los sujetos fueron privados de libertad por la presunta comisión de coautores en los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación en perjuicio del Estado venezolano. Además, están acusados de rebelión y conspiración con gobiernos extranjeros.
El reporte oficial también precisa que los delitos están tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y que en todos los casos se ha realizado el debido proceso, con respeto a los derechos humanos de los prisioneros.
El juzgado ha designado asimismo como centro de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, Caracas (capital).
El pasado 3 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) frustró una invasión que intentaron perpetrar desde Colombia un grupo de “mercenarios terroristas” a bordo de dos lanchas a través de la costa de La Guaira, la zona marítima más cercana a Caracas.
Varios de los capturados han ofrecido declaraciones en las que aseguran que formaban parte de un plan que tenía como objetivo matar al presidente venezolano, Nicolás Maduro; al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, así como atacar varias sedes institucionales del Estado.
Este ataque a Venezuela se produjo más o menos un año después de la intentona golpista que encabezaron el líder opositor Juan Guaidó y sus aliados en Caracas con el respaldo de Washington. La República Bolivariana ha frustrado ya múltiples planes y conspiraciones para derrocar a Maduro gracias a la lealtad del pueblo y los militares.
Ante tal coyuntura, Caracas asegura que llevará a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) pruebas que implican a Estados Unidos y Colombia en el fallido operativo que, según Maduro, se lanzó por orden del presidente estadounidense, Donald Trump.
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