Los Gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú (todos los miembros del Grupo, excepto Brasil y Canadá) han firmado una declaración de 8 puntos en la que se posicionan contra Venezuela.
En ella, se expresa una “disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el derecho internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.
Los diez Gobiernos recuerdan además que no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, de las que salió victorioso Nicolás Maduro con el 68 % de los votos, y hacen un llamado a instalar un “diálogo nacional”.
El llamado Grupo de Lima rechazó el resultado electoral por supuestamente “no cumplir los estándares internacionales”, pese a que distintos acompañantes del proceso, procedentes de diferentes países del mundo, confirmaron la validez de los comicios.
En el mismo sentido, los firmantes ratifican su apoyo a la resolución encaminada a suspender a Caracas de la la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobada por presión de Estados Unidos en la 48.ª cumbre de la Asamblea General del ente, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.
El Gobierno bolivariano ha hecho público su rechazo a los intentos de los miembros de la OEA, y ha ratificado que se trata de “Gobiernos subordinados que están cumpliendo órdenes” del Imperio.
El Grupo de Lima se fundó en agosto de 2017 en Perú con el supuesto objetivo de dar seguimiento y buscar una salida a la crisis venezolana, lo que las autoridades venezolanas denuncian como injerencismo en asuntos internos de Venezuela.
fgh/mla/mjs/rba
