Esta decisión ha sido anunciada casi nueve años después de que los grupos indígenas presentaran una denuncia contra Ottawa sobre la manera de financiar la protección de estos niños, algo que se suma a los problemas en las relaciones entre los 1,4 millones de aborígenes que viven en el país y el Gobierno federal.
Anteriormente, un informe encargado por el Gobierno canadiense aseguraba que el recorte de la financiación del bienestar de los niños aborígenes que viven en reservas cayó un 22 por ciento. Un informe redactado en 2008 por el auditor general de Canadá afirmó que los acuerdos de financiación de Ottawa destinados a estos niños tenían fallos y que eran poco equitativos.
Además, la Asamblea de las Naciones Originarias, que reúne al mayor grupo de indígenas de Canadá, ha comparado la financiación que se destina a estos niños con la cantidad de fondos que se han dirigido hacia los niños que no son canadienses o hacia los aborígenes que viven fuera de las reservas.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que llegó al poder en noviembre de 2015, ha prometido que resolverá los problemas con la población indígena de Canadá, que simboliza tan solo el cinco por ciento de la población pero que representa casi la mitad de los 30.000 niños canadienses menores de 14 años que viven en acogida.
Los indígenas también tienen los mayores niveles de pobreza y el menor nivel de expectativa de vida con respecto a los demás canadienses. Además, cada vez más a menudo son víctimas de violencia, adicciones y encarcelamiento.
Ottawa es responsable de los fondos destinados al bienestar de los niños aborígenes que viven en reservas, incluyendo los gastos relacionados con el cuidado de los menores después de que dejen de estar bajo la custodia de sus padres.
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