“Rusia contempla una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones económicas adoptadas ayer (jueves) por Estados Unidos contra empresas y empresarios rusos por el papel de Moscú en la crisis de Ucrania”, ha resaltado Peskov con un tono de amenaza.
Rusia contempla una respuesta asimétrica a las nuevas sanciones económicas adoptadas ayer (jueves) por Estados Unidos contra empresas y empresarios rusos por el papel de Moscú en la crisis de Ucrania”, ha resaltado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Tras indicar que ya no se puede respetar el principio de reciprocidad en el intercambio de sanciones, el titular ruso ha advertido que, a esas alturas, el país no puede descartar la posibilidad de adoptar medidas asimétricas, “aunque no es un objetivo en sí mismo” para Rusia, dice.
El secretario de prensa de la Presidencia rusa ha justificado esta medida, diciendo que Moscú insiste en que las sanciones impuestas son “ilegales” y “contradicen” las normas internacionales, además de dañar las relaciones bilaterales.
Según Peskov, Washington decide aumentar las sanciones antirrusas sin perseguir ningún objetivo concreto ni beneficio.
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC, por sus siglas en inglés), John Smith, en un comunicado emitido el jueves, anunció la decisión de Washington de ampliar las sanciones impuestas.
Desde hace décadas, Estados Unidos utiliza las sanciones como herramienta para generar un giro en la política exterior de los países que no comparten la misma postura que Washington.
Hasta la fecha, Estados Unidos y el la Unión Europea (UE) han impuesto varias rondas de sanciones económicas, incluso contra individuos, organizaciones y sectores bancarios, energéticos y de defensa, alegando una supuesta intervención de Moscú en los acontecimientos en Ucrania.
Por su parte, Rusia rechaza las acusaciones y, en represalia, ha adoptado medidas punitivas contra los sancionadores.
En abril de 2014, Ucrania lanzó las llamadas operaciones “antiterroristas” para contener a los independentistas de las regiones orientales, una acción que ha dejado, hasta el momento, más de 6400 muertos y 1,3 millones de desplazados internos, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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