Un ataque sangriento contra coches de policía en el condado de Taftan, en Sistán y Baluchistán (sureste de Irán), ocurrido el 26 de octubre y reivindicado por el grupo terrorista Yeish al-Adl, se cobró la vida de 10 agentes de la Policía.
Yeish al-Adl, organización terrorista vinculada a los servicios de inteligencia de los países extranjeros con sede en Pakistán, se ha atribuido la responsabilidad de numerosos atentados, secuestros y ejecuciones en el sureste de Irán en los últimos años.
El miércoles, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) condenaron enérgicamente el atentado mortal y expresaron su más sentido pésame y condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Irán, según un comunicado emitido por el Consejo.
Los Estados miembros del Consejo de Seguridad hicieron hincapié en que “el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad internacionales”, y exigieron “responsabilidades a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos actos reprensibles de terrorismo y llevarlos ante la justicia”.
La nota insta además a “todos los Estados, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, a cooperar activamente con el Gobierno iraní, así como con todas las demás autoridades pertinentes a este respecto”.
El texto enfatiza también que “todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, independientemente de su motivación, dondequiera, cuandoquiera y por quienquiera que sean cometidos”.
El comunicado concluye recordando la responsabilidad de todos los Estados para combatir “por todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones en virtud del derecho internacional, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas”.
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