Considerándolo un “triunfo histórico” para el país, el pasado 14 de junio, los ministros del Consejo de Gabinete aprobaron el nuevo contrato del Estado con la empresa Minera Panamá, aunque desde distintos sectores de la sociedad lo perciben más bien como un acto que traiciona los intereses de la población.
Tras la firma, el contrato estará en manos de la Contraloría General de la República para su refrendo y serán los diputados de la Asamblea Nacional (AN) a quienes corresponda, en el próximo mes de julio, rechazar o aprobar la continuidad de este polémico proyecto de explotación minera.
La actual Administración ha venido posicionando al país como una plataforma minera, a pesar del llamado de atención de dirigentes comunitarios, abogados o científicos, quienes advierten contradicciones con la imagen que intenta perfilar el gobierno, de un país ejemplar por ser uno de los tres únicos declarados como carbono negativo en el planeta.
John Alonso, Ciudad de Panamá
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