“Grupo de la Haya” se formo por una coalición en la que representantes de nueve países que se han unido en defensa de las leyes internacionales, comprometiéndose a detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y prevenir la venta de armas al régimen sionista.
“Esta es absolutamente la mejor noticia que ha surgido de una coalición de responsables políticos en mucho tiempo. Que se haga justicia. Hagámosla realidad. Y sigamos creciendo”, ha expresado Albanese en una publicación en su cuenta en la red social X, en la que ha compartido la declaración conjunta inaugural del grupo.
Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica se han comprometido al firmar dicha declaración a “apoyar las solicitudes de la Corte Penal Internacional (CPI)” y “cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma con respecto a las órdenes emitidas el 21 de noviembre de 2024” contra Netanyahu y el anterior ministro de asuntos militares israelí, Yoav Gallant.
“Tomaremos nuevas medidas efectivas para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos a la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el derecho a establecer un Estado de Palestina independiente”, se lee en el texto.
El Grupo de la Haya ha instado además a todas las naciones a unirse a esta declaración de “compromiso solemne con un orden internacional basado en el Estado de derecho y el Derecho Internacional que, junto con los principios de justicia, es esencial para la coexistencia pacífica y la cooperación entre los Estados”.
Por su parte, Belice ha solicitado a título individual autorización para intervenir en el asunto de Sudáfrica contra Israel, al considerar que “tiene un interés jurídico en el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones con respecto a Gaza en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.
Esencialmente, Grupo de La Haya es una iniciativa destinada a reafirmar los principios de la justicia internacional y defender la autoridad de tribunales como la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La creación de este grupo surge en un contexto de crecientes desafíos hacia la legitimidad y el funcionamiento de estas instituciones.
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