Unas cuarenta organizaciones y algunos miembros del Parlamento de Brasil a través de una carta abierta dirigida a la presidenta del país, Dilma Rousseff, expresaron su rechazo a la designación de Dani Dayan, un exjefe de la asociación que aglutina a las colonias ilegales israelíes, llamado consejo de Yesha, en la ocupada Cisjordania.
El nombre de Dayan es polémico incluso dentro de la propia comunidad israelí en Brasil (…) Por la posición sobre los derechos humanos asumida por Brasil en los foros internacionales, ese nombramiento no debería ser aceptado", afirma Soraya Misleh, coordinadora del Frente de Defensa del Pueblo Palestino, una de las organizaciones que cuestiona la designación del nuevo embajador de Israel en Brasil.
Tal y como informa el sitio Web israelí Ynet, los críticos a ese nombramiento, lo ven como una "violación de la legitimidad y la soberanía internacional de Brasil " y un "ataque a la diplomacia brasileña". Además, acusan a Dayan de violar el derecho internacional de las comunidades palestinas.
“El nombre de Dayan es polémico incluso dentro de la propia comunidad israelí en Brasil (…) Por la posición sobre los derechos humanos asumida por Brasil en los foros internacionales, ese nombramiento no debería ser aceptado", afirmó Soraya Misleh, coordinadora del Frente de Defensa del Pueblo Palestino, una de las organizaciones que cuestiona la designación.
Con respecto a la queja formal enviada al Gobierno brasileño, explicó que este manifiesto fue entregado el pasado viernes en la oficina de la Presidencia de Brasil en Sao Paulo (sureste) y remitido también al Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Creemos que podemos hacer un movimiento contra su nombramiento", resaltó la activista, quien, sin embargo, comentó que Dayan todavía no se ha manifestado sobre la aceptación o no de su cargo como el próximo embajador israelí en el país suramericano.
El empresario Dayan que fue presidente del consejo de asentamientos hasta 2013, según el manifiesto, es conocido "por su defensa intransigente de las colonias exclusivamente judías ilegalmente construidas en tierras palestinas confiscadas por Israel".
Entre las entidades que cuestionan la designación figuran la Central Única de Trabajadores (CUT), mayor unión de sindicatos del país y que respalda al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), otro de los grupos sociales que apoyan el Gobierno de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de los países, entre ellos Brasil, consideran que los asentamientos israelíes son ilegales por los territorios que fueron ocupados por este régimen en la guerra de 1967 y, por tanto, están sujetos a los Convenios de Ginebra, que prohíben la construcción en tierras ocupadas.
Sin embargo, el pasado 23 de julio, la organización Peace Now (Paz Ahora) informó que las autoridades israelíes, haciendo caso omiso a las críticas de la comunidad internacional, planifican edificar unas 1065 viviendas ilegales en Al-Quds (Jerusalen) y Cisjordania.
Esta misma onegé, en abril, anunció que el régimen israelí había aprobado la construcción de 77 unidades de viviendas en asentamientos ilegales en el este de Al-Quds.
Y, en febrero, en un informe, reveló que la construcción de viviendas ilegales del régimen de Israel en Cisjordania registró, durante el 2014, un aumento sin precedentes del 40 por ciento.
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