El Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (CDHNU) ha aprobado este jueves una resolución contra el régimen de Israel en la que pide la creación de un comisión internacional e independiente para investigar las violaciones relacionadas con la más reciente escalada de ataques de Israel contra la Franja de Gaza, así como los abusos “sistemáticos” del régimen que han provocado un ciclo repetitivo de violencia en los territorios palestinos a lo largo de décadas.
La resolución se ha aprobado con 24 votos a favor, de un total de 47 miembros del Consejo, 14 abstenciones y nueve en contra.
Paquistán presentó la iniciativa, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), y se dio curso a la misma durante una sesión especial del CDHNU en la que se trató la espiral de agresiones israelíes en los territorios palestinos.
Los investigadores, según la nota, deberían investigar “las causas subyacentes de las tensiones e inestabilidad recurrentes, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad colectiva”.
Además, la pesquisa debe centrarse en establecer los hechos y obtener pruebas para los procedimientos legales, y debe apuntar a identificar a los perpetradores para garantizar que rindan cuentas.
Entretanto, se ha instado a las partes a abstenerse de transferir armas durante la investigación, ya que tales armas puedan ser utilizadas en la comisión como prueba para violaciones o abusos graves.
Antes de la votación, Meirav Eilon Shahar, embajador de Israel ante la ONU, criticó la sesión y el texto, reclamando que las acusaciones en su contra “no tiene nada que ver con la realidad y […] los derechos humanos”, e instando a los países a boicotear la resolución.
Esto mientras la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había anunciado más temprano que los ataques israelíes contra los palestinos de Gaza podrían constituir “un crimen de guerra”.
La alta funcionaria de la ONU expresó su preocupación por el alto nivel de víctimas civiles en los ataques contra Gaza, denunciando que el régimen ocupante ha provocado numerosos muertos y heridos entre los palestinos, así como destrucción y daños materiales a gran escala en bienes civiles, mientras no se han presentado pruebas de que los edificios destruidos en el enclave costero palestino fueran usados con fines militares.
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